En un esfuerzo por fortalecer la integridad de los cargos de elección popular, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández ha destacado la importancia de la implementación de la llamada «Ley 3 de 3 contra la violencia», que prohíbe la participación de deudores de pensión alimentaria, acosadores y violentadores de mujeres en cualquier cargo público.
Esta ley, cuyo propósito es asegurar que solo lleguen a ocupar cargos de representación aquellos individuos comprometidos con el bienestar social y familiar, ha generado una significativa disminución en los casos de deudores alimentarios registrados, según señaló la diputada Vargas Hernández.
«Es responsabilidad de los partidos políticos verificar que sus aspirantes a diferentes candidaturas no sean deudores alimentarios», subrayó la legisladora, enfatizando la importancia de este criterio en la selección de candidatos. Además, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de aspirante que incumpla con esta condición, para asegurar la transparencia en el proceso electoral.
De acuerdo con datos proporcionados por el Poder Judicial, el registro inicial de 500 deudores alimentarios se ha reducido a solo 100, evidenciando el impacto positivo de esta medida en el cumplimiento de las obligaciones alimenticias hacia los menores.
La implementación de la «Ley 3 de 3 contra la violencia» no solo contribuye a garantizar una representación política responsable, sino que también promueve el cumplimiento de deberes fundamentales hacia la sociedad, especialmente en lo referente al cuidado y bienestar de los hijos.
La diputada Vargas Hernández concluyó destacando el compromiso continuo de las autoridades legislativas para promover medidas que fortalezcan la democracia y la protección de los derechos humanos en San Luis Potosí, México.
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