La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado se encuentra inmersa en el análisis exhaustivo de los informes proporcionados por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) con respecto a la auditoría realizada a 112 entidades correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022.
Bajo la dirección del presidente de la comisión legislativa, el diputado René Oyarvide Ibarra, se ha establecido el 15 de febrero como fecha límite para la emisión de un dictamen sobre el trabajo de fiscalización llevado a cabo. Es importante resaltar que este dictamen no versará sobre los resultados de las auditorías en sí, sino sobre el proceso de fiscalización.
Conforme al plazo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el 15 de marzo de 2023, las 112 entidades fiscalizadas presentaron de manera oportuna ante el Congreso del Estado sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
El legislador Oyarvide Ibarra destacó que los miembros de la Comisión de Vigilancia se han congregado para evaluar minuciosamente el proceso de fiscalización, abordando cualquier duda que pueda surgir y entregando los parámetros de revisión establecidos por el propio Instituto de Fiscalización Superior del Estado.
«El dictamen será sometido a revisión por parte de los integrantes de la comisión, y la próxima semana se convocará a las autoridades del IFSE para abordar posibles inquietudes y llevar el tema al pleno de la LXIII Legislatura para su votación», afirmó.
Asimismo, añadió que «si bien no existen muchas dudas, las mesas de trabajo han sido de gran ayuda para explicar el procedimiento tanto de las auditorías de campo como de las de escritorio, lo cual ha permitido a los integrantes de la comisión aclarar cualquier duda y verificar que los criterios aplicados por el Instituto de Fiscalización estén en total conformidad con la ley».
Este proceso de revisión minuciosa refleja el compromiso del Congreso del Estado de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas, asegurando la eficiencia y la legalidad en la fiscalización de los recursos públicos.
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