El Plan Estatal Anticorrupción (PEA) recientemente aprobado en San Luis Potosí enfrenta diversos retos a corto, mediano y largo plazo, que deberá ir de la mano con las organizaciones públicas que integran el SEA, instituciones públicas y privadas de la entidad.
De acuerdo al documento del PEA, el primero de esos retos tiene que ver con la necesidad de desarrollar pautas y mecanismos homologados de implementación de la política, que permitan traducir las prioridades establecidas en la PEA en acciones, proyectos y productos con actores responsables plenamente identificados, que generen resultados.
De acuerdo al artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, le corresponde a la Comisión Ejecutiva del SEA la generación de la metodología para medir y dar seguimiento al problema de la corrupción.
En este sentido, la aprobación de la PEA marca el inicio para evaluar los resultados, calidad, eficiencia e impactos a partir de la implementación del programa o programas derivados de la PEA; así como ejecutar evaluaciones de mediano y largo plazos a la política, a los 5 y 10 años respectivamente, tal como lo hace el Plan Nacional Anticorrupción.
Cabe señalar que el Sistema Nacional Anticorrupción sugiere que cada dos ciclos de implementación se podrán revisar y, en su caso, modificar los diagnósticos de la Política Nacional Anticorrupción, a partir de resultados de evaluaciones a mediano plazo; por lo cual, para el caso de San Luis Potosí se adoptará también esta medida.
Las organizaciones públicas que hoy en día integran el Sistema Estatal Anticorrupción son la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Contraloría General del Estado, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa.
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