Como parte de los conversatorios virtuales que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) ha estado realizando, se llevó a cabo el denominado «Medidas 3 de 3 contra la violencia: su importancia e impacto en el proceso electoral 2020-2021», en el cual especialistas en la materia coincidieron en la necesidad de trasladar al ámbito de la legislación electoral una reforma que incluya este mecanismo, a fin de que pueda ser requisito para ser elegible como candidato.
Durante el desarrollo del conversatorio se reconoció el impulso que se ha dado por parte de los colectivos feministas a esta iniciativa 3 de 3, la cual consiste en una adición a la implementación del Sistema Estatal de Registro para el 2020-2021; donde los candidatos a elecciones populares llenarán formatos de manera voluntaria, los cuales serán proporcionados por el Sistema Estatal de Registros.
Estas medidas contemplan su manifestación de si han sido condenados o sancionados por violencia doméstica, si tienen delitos en contra de la libertad sexual o la intimidad corporal y si están registrados como deudores de una pensión alimentaria.
La Maestra Laura Elena Fonseca dio la bienvenida al conversatorio agradeciendo a cada una de las participantes y resaltando que este tipo de iniciativa es punta de lanza en la erradicación transversal de las conductas que atentan los derechos de tantas mujeres.
También resaltó que con esto se reafirma congruentemente la obligación y compromiso de los que pretenden ser servidores públicos en cualquier ámbito de gobierno por eliminar cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus formas de manifestación.
En su intervención Yindira Sandoval dijo que se ha generado un pacto patriarcal que se gesta en las instituciones y que a las mujeres se les traduce en impunidad, negando el acceso a la justicia en todos los sentidos, pues estas se han eximido de su responsabilidad, manteniendo en el ámbito privado los actos de violencia.
Por su parte Urenda Navarro dijo que todas las violencias están relacionadas y condicionan el desarrollo en el ámbito privado y público, pero es complicado que las violencias en el espacio privado sean visibilizadas en el ámbito público por lo tanto no es de extrañarse que se encuentren resistencias internas dentro de los partidos.
Así también la Consejera Zelandia destaco que si unos de los candidatos presentan este tipo de conducta o declaran con falsedad se podrá presentar la denuncia penal, sin embargo, en San Luis Potosí no es un requisito de elegibilidad no haber incurrido en estas violencias, lo ideal sería que nuestra legislación cambiara para el siguiente proceso electoral y que esta iniciativa se convierta en ley.
Finalmente, Silvia del Carmen Martínez, concluyó diciendo que para hacer eco de esta iniciativa se requiere una campaña muy amplia de difusión de la 3 de 3, solo así se convertirá en un estándar para decidir a nuestros futuros representantes y se hará público este compromiso que involucre a toda la sociedad civil, para que se impulse debidamente el pacto por una democracia libre de violencia.
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