La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de San Luis Potosí está analizando una iniciativa de adición a los artículos 11 y 141 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios, con el objetivo de precisar la obligación de los Registradores Públicos de la Propiedad de expedir certificaciones de no inscripción de inmuebles.
Según la exposición de motivos de la iniciativa, estas certificaciones son necesarias para iniciar trámites ante los órganos jurisdiccionales, especialmente para legalizar bienes inmuebles de los cuales se tiene posesión pero carece de título de propiedad. Esto permitiría efectuar la incorporación y regularización de propiedades no registradas, incluyendo los trámites contemplados en el artículo 922 del Código de Procedimientos Civiles.
La negativa de los Registradores Públicos de la Propiedad a expedir estas certificaciones dificulta la regularización de propiedades no registradas, lo que a su vez genera conflictos jurídicos y administrativos. La falta de certificación puede llevar a los usuarios a desistir de regularizar sus inmuebles, lo que los deja fuera del sistema del Registro Público de la Propiedad y del régimen del comercio inmobiliario, o los obliga a afrontar trámites costosos que pueden superar el valor de los propios inmuebles.
La iniciativa busca simplificar procedimientos, trámites y reducir conflictos jurídicos al garantizar que los Registradores Públicos de la Propiedad tengan la obligación de expedir certificaciones de no inscripción de inmuebles a quienes lo solicitan. Esto permitirá iniciar las acciones correspondientes ante los órganos jurisdiccionales de manera más ágil y eficiente.
La propuesta contempla que tanto el Director General del Instituto como el Director de Registro Público de la Propiedad, junto con los registradores, tengan la obligación de expedir estas certificaciones, además de las certificaciones literales o en extracto de las inscripciones o constancias asentadas en los libros. o folios registrales.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Gobernación, donde se evaluará su viabilidad y potencial impacto en la simplificación de trámites y la reducción de conflictos jurídicos relacionados con la propiedad inmobiliaria.
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