En una sesión unánime, los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobaron el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado, que avala la iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones del Estado.
Esta modificación establece la obligación para las autoridades y entidades públicas estatales y municipales de verificar que los bienes y servicios adquiridos, ya sea mediante licitaciones o adquisiciones directas, cumplan con las normas oficiales mexicanas vigentes. El objetivo primordial es garantizar la calidad de estos bienes y servicios.
La iniciativa, dictaminada favorablemente, busca que las instituciones públicas del Estado sean responsables de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas al adquirir bienes y servicios, una práctica que actualmente no se realiza de manera consistente.
La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado emitió una opinión favorable a la iniciativa, respaldando su contenido y sentido. Esto, junto con el razonamiento de la comisión, ha motivado la viabilidad y pertinencia de modificar la Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí.
Al implementar estas medidas en la Ley de Adquisiciones, se busca asegurar la calidad y sanidad de los productos y servicios adquiridos por los consumidores en el Estado. Las autoridades o personas facultades serán responsables de verificar su cumplimiento, y en caso de dudas, podrán realizar consultas a las autoridades pertinentes, cuyos resultados serán obligatorios.
En caso de incumplimiento, se generarán responsabilidades administrativas y sanciones, tanto administrativas como penales, conforme a derecho. La comisión enfatiza la importancia de no dejar a discreción del servidor público la interpretación de las normas oficiales mexicanas, buscando generar certeza y seguridad jurídica en los actos realizados por las entidades del Estado.
El dictamen será presentado al Pleno para su votación correspondiente.
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