Debido a la incompetencia de la encargada de la Auditoría Superior del Estado, ASE, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, ayuntamientos de San Luis Potosí serían doblemente auditados, esto ocurrió debido a que ordenó una modificación al Programa Anual de Auditorías 2023, donde pidió fiscalizar los fondos del Ramo 33 y 28 que son atribución de exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, ASF.
En el Periódico Oficial del 1 de febrero de 2023, se indican los criterios específicos que a los municipios les van a practicar para las auditorías que son exclusivas de la ASF, con ello se aplicará una doble auditoría, es decir el Estado “va a auditar lo ya auditado”.
Su falta de conocimiento y malos manejos han hecho que la Auditoría Superior del Estado este fuera de control, por esa razón los 58 municipios de la entidad potosina, en el mes de abril de este año, se dieron a la tarea de solicitar a la entidad fiscalizadora nacional, una opinión del sustento jurídico por el que se les obliga a volver a ser auditados por la entidad estatal, muy por encima del máximo orden de fiscalización nacional.
Se cuestionó si existía algún convenio vigente por parte de la Auditoría Superior del Estado en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación para llevar a cabo estas acciones de vigilancia que quedan fuera de las atribuciones estatales; sin embargo, se rechazó que exista algún acuerdo, por lo que también se está cayendo en un grave delito por parte de la encargada de la auditoría Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, además de dotar de doble carga de trabajo a quienes ya hicieron un esfuerzo sobrehumano por atender cuestiones de vigilancia y sobregirar el presupuesto para hacer esta tarea.
Con lo anterior, se colapsa por completo la idea de auditar ese tipo de recursos y dejan al descubierto toda la ineptitud e incapacidad de esta funcionaria que se encuentra al frente de un organismo tan importante como es la Auditoría Superior del Estado.
Ante este intento de fechoría, los municipios de la entidad potosina se organizaron y pudieron sortear esta ilegalidad, bajo preceptos jurídicos pudieron ir contra los alegatos de la Encargada del despacho de la ASE, negándose por escrito y con fundamentos a la arbitrariedad que pretendía cometer.
“En razón de lo anterior, así como en el análisis del marco normativo invocado en el OFICIO ASE-AEFMOD-XXXX/2023 de fecha XX de abril del año en curso, este Ayuntamiento ha concluido que no existe facultad de fiscalización de los recursos del Ramo 33 por parte a su digno cargo. Lo anterior pudiera ser contrario al principio de legalidad, previsto en el Marco Constitucional asociado con la fiscalización, vulnerando el debido proceso en la materia. En suma, esta autoridad no está en posibilidad de atender a su requerimiento, por no contar con la fundamentación legal que determine su competencia y facultad respecto de la fiscalización de estos recursos públicos”.
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