La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que exista una ruptura en la relación diplomática con Estados Unidos, luego de la polémica generada por la muerte de dos funcionarios estadounidenses en Chihuahua, presuntamente vinculados a labores de inteligencia.
El caso, que inicialmente fue presentado como un accidente vehicular tras un operativo, escaló rápidamente a un tema de alto nivel político al revelarse que las autoridades federales mexicanas no tenían conocimiento de la presencia de estos agentes en territorio nacional.
Ante ello, Sheinbaum reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene, pero bajo condiciones claras: intercambio de información e inteligencia, sin permitir la participación directa de agentes extranjeros en operativos dentro del país.
La mandataria enfatizó que cualquier intervención de este tipo debe contar con autorización del Gobierno federal, en apego a la legislación mexicana, lo que abrió una investigación para determinar si hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
A pesar de la tensión generada por el caso, el gobierno mexicano ha optado por una postura de contención diplomática, buscando evitar una escalada en la relación bilateral, especialmente en un contexto donde la cooperación en temas como narcotráfico, migración y comercio sigue siendo estratégica para ambos países.
El episodio, sin embargo, deja al descubierto las complejidades de la coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, así como los límites políticos y legales de dicha colaboración.
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