El incremento global cercano al seis por ciento en el presupuesto de egresos para 2021 -en relación con el correspondiente al de 2020-, que la Auditoría Superior del Estado solicitó al Congreso local, está destinado en una proporción significativa a los gastos que la nueva Contraloría Interna genera al organismo de fiscalización, luego de que en junio pasado la legislatura nombró a la actual titular del órgano de control interno, en seguimiento a las reformas que sobre el tema, realizó a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
Cabe aclarar que en 2018, el Poder Legislativo desapareció la figura de Contraloría Interna de la ASE, puesto que constituyó la Unidad de Evaluación y Control para vigilar el desempeño administrativo del organismo fiscalizador, absorbiendo ésta las funciones de aquélla. Por ese motivo fue retirado del presupuesto de la ASE la parte destinada a la Contraloría Interna, volviéndose necesario contemplar nuevamente ese gasto para el presupuesto de 2021.
En lo que respecta a los capítulos en que se divide el gasto, la Auditoría Superior registra incrementos específicos por partida, de modo que en números cerrados, el 26 por ciento corresponde a bienes muebles e inmuebles, debido en gran medida a que para optimizar la labor de fiscalización, se requieren mejoras en el equipo de cómputo, para una mayor eficiencia en las auditorías electrónicas. A diferencia de lo anterior, el gasto destinado a materiales y suministros se redujo un siete por ciento, mientras que en servicios personales y servicios generales, el aumento es únicamente del cuatro por ciento.
Finalmente, el presupuesto en revisión contempla también una cantidad destinada al pago de pasivos, que incluye impuestos y cuotas atrasadas a la Dirección de Pensiones, situación que Rocío Elizabeth Cervantes Salgado ha enfrentado con responsabilidad desde su llegada a la titularidad de la ASE, ya que al tomar posesión del encargo descubrió un importante adeudo en ese rubro.
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