La Auditoría Superior de la Federación, ASF, descalificó el trabajo que realiza la actual encargada de la Auditoría Superior del Estado, ASE, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, al grado de que ordenó cancelar las auditorías de fondos federales y auditar 58 municipios sin tener convenio y usurpar funciones.
A raíz de que la Auditoría Superior del Estado, ASE, publicó el pasado 31 de marzo una modificación a su Programa Anual de Auditorías para el 2023, agregó auditar fondos de recursos federales, tanto del ramo 33 como del ramo 28, siendo éstos competencia exclusiva de la federación, además de otras tantas modificaciones que no tienen sentido, propició que se tengan que cancelar dichas fiscalizaciones y asuntos que están siendo revisados.
El pasado 2 de mayo, la funcionaria dio a conocer que dieron de baja a organismos
descentralizados porque programaron auditorías a recursos federales fuera de su jurisdicción y alegando que por primera vez auditarían entes públicos de la minoría presupuestal, es decir, ahora realizarán auditorías a dependencias que ejercen un presupuesto anual menor a los 30 millones de pesos, para cumplir con su cuota de 112 entidades, y así no auditar a entes que ejercen más recursos por ejemplo a la Secretaría de Finanzas, a la Dirección de Pensiones que sí ejercen cantidades mayores de recursos públicos y que ahora están en el escrutinio de la ciudadanía por los malos manejos que le han dado administraciones estatales.
Un ejemplo de los traspiés que está cometiendo en la modificación que hizo al Programa Anual 2023, fue que se dan de baja a los entes de número 114, 115 y 118, que son el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, UTSLP, a quienes les iban a provocar auditoría para la revisión de recursos federales, toda vez que están fuera de su alcance jurídico.
Cuando en la ASE se percataron del mal trabajo que habían realizado, intentaron reparar la situación pero cometieron otra inconsistencia, dieron de alta a otras entidades que ya habían pasado estándares de vigilancia, como es el caso de la Secretaría General de Gobierno, SGG, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, IEEA, el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, IMES, y la Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí, UTMSLP, aún y cuando el tipo de recursos está totalmente fuera de su alcance jurídico.
Lo anterior, es otra falta de parte de la actual encargada del órgano técnico especializado, Edith Muñoz, que se supone está dotada de autonomía técnica y de gestión, porque se encarga de fiscalizar el uso de los recursos, ya que primero se tendrá que replantear el trabajo que hicieron hombres y mujeres que laboran en la ASE, se volverán a gastar recursos por replantear la verificación de la contabilidad del patrimonio de los potosinos, pero además desgasta la imagen de esta institución frente a la Auditoría Superior de la Federación y qué decir de aspectos políticos, entre otros.
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