Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Néstor Eduardo Garza Álvarez, anunció que se le dará un seguimiento puntual a las restricciones que dictó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), para detener los envíos de un invernadero que opera en el municipio de Villa de Arista, por actos de abuso hacia los trabajadores.
Afirmó que el Gobierno del Estado tiene un compromiso legal y social para salvaguardar los derechos laborales de todas las personas en el Estado y puntualizó que esta sanción es exclusivamente para esa empresa.
Informó que ya tuvo comunicación con las autoridades norteamericanas y se atendieron las recomendaciones para fortalecer las acciones de inspección y prevención, porque, “estamos convencidos que la prevención es la mejor herramienta para garantizar que se respeten los derechos laborales”.
El funcionario consideró que estas acciones tomadas por las autoridades norteamericanas envían un claro mensaje para no permitir prácticas que falten el respeto a los derechos de las y los trabajadores, por lo que la Dirección de Inspección será vigilante y garante del respeto a los derechos laborales de todas y todos los trabajadores de la entidad y los que llegan a San Luis Potosí de otros lugares.
El secretario del Trabajo explicó que este caso del invernadero que opera en Villa de Arista data desde hace un año (septiembre de 2020) y que entonces se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuestas violaciones a los derechos de la comunidad laboral y la anterior administración realizó las diligencias correspondientes.
Reportan que se trata de 33 trabajadores que venían de los Estados de Hidalgo y Veracruz quienes denunciaron que no recibieron pago por su trabajo y que los tenían en condiciones muy precarias, por lo que fueron trasladados a un albergue.
En ese entonces, inspectores de la Secretaría Federal del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), acompañados de personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, realizaron dichas investigaciones.
Reportan que llegaron a un convenio y las personas afectadas recibieron la cantidad de 414 mil pesos y el transporte para regresar a sus estados de origen.
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