*.- Fueron notificados los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; siete organismos autónomos; 58 ayuntamientos y 46 organismos municipales descentralizados.
*.- Los informes contienen las acciones y recomendaciones; posterior a la notificación, los entes cuentan con 30 días hábiles para solventar el Pliego de Observaciones definitivas.
*.- Los procedimientos deben continuar de acuerdo a lo que marca la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
La titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, informó que el organismo fiscalizador concluyó la notificación a todos los entes auditados, de los Informes de Auditoría a las Cuentas Públicas del ejercicio 2020, para dar cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Se trata de un procedimiento que obliga a la ASE a notificar a las entidades fiscalizadas, el informe con las acciones y recomendaciones que correspondan, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a que haya sido remitido al Congreso; para que a su vez, dentro de los 30 días hábiles posteriores, presenten la información requerida y efectúen las consideraciones que les convenga.
Luego de haber concluido la notificación, ahora los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; siete organismos autónomos constitucionales; 58 ayuntamientos; y 46 organismos municipales descentralizados, se encuentran dentro del período de 30 días hábiles para desahogar el Pliego de Observaciones definitivas.
Cervantes Salgado aclaró que los procesos de auditoría deben continuar, pues los plazos establecidos por ley no detienen su marcha; siguen corriendo y fenecen, dando lugar a nuevos procedimientos y sanciones, en su caso.
Además de su importancia por el plazo determinado para la solventación de observaciones definitivas, la notificación de los informes es notable porque con ella quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en esos documentos, salvo en los casos de informes de presunta responsabilidad administrativa, así como de denuncias penales y juicio político, que serán notificados a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen tales procedimientos.
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