El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha aprobado reformas a diversos artículos del Código Penal del Estado con el objetivo de abordar y sancionar con mayor rigor el delito de violencia familiar. Estas reformas buscan mejorar la protección de las víctimas y garantizar una respuesta legal más efectiva ante este tipo de conductas.
Entre las modificaciones aprobadas se incluye la incorporación del maltrato físico como una forma de violencia familiar, así como un aumento en las penas y sanciones pecuniarias por la comisión de este delito. La pena por violencia familiar se incrementará de uno a seis años de prisión, y una multa de cien a seiscientos días de la unidad de medida y actualización, a uno a siete años de prisión, y una multa de ciento veinte a setecientos días de la misma unidad de medida y actualización.
Además, se establece la obligación de proporcionar tratamiento psicológico especializado para corregir las conductas de violencia familiar. Se definen claramente los diferentes tipos de violencia familiar, que incluyen la violencia económica, emocional, física, patrimonial, psicológica y sexual.
Se añade también la posibilidad de incrementar la pena en una mitad cuando la violencia familiar se cometa en presencia de menores o familiares, así como un aumento en la sanción en caso de reincidencia. Se equipara la violencia familiar con la manipulación de personas adultas mayores para obtener control sobre sus bienes, imponiendo penas de seis meses a cuatro años de prisión y multas correspondientes.
Asimismo, se establecen medidas preventivas, como la prohibición de acercamiento al agresor hacia la víctima, dictadas por el Ministerio Público para evitar conductas ofensivas y garantizar la seguridad de la víctima.
Estas reformas reflejan el compromiso del estado de San Luis Potosí en la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia familiar, asegurando una respuesta legal más contundente y efectiva ante este grave problema social.
Es importante destacar que estas modificaciones se realizan en aras de promover un entorno familiar seguro y libre de violencia, en concordancia con los principios de justicia y respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.
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