El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un dictamen para reformar la Ley de Adquisiciones del Estado, con el objetivo principal de asegurar la calidad de todas las adquisiciones realizadas por el sector público. Esta medida busca generar responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento de la ley, independientemente de las sanciones penales que puedan aplicarse conforme a derecho.
La reforma modifica el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, estableciendo que las autoridades y entes públicos estatales y municipales deben verificar que los bienes o servicios adquiridos cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes al ser entregados y recibidos. En caso de dudas sobre la aplicación e interpretación de estas normas, las autoridades podrán realizar consultas ante la Secretaría de Economía o las Autoridades Normalizadoras, cuyos resultados serán obligatorios.
El incumplimiento de estas disposiciones acarreará responsabilidades administrativas contra el servicio público, sin perjuicio de las sanciones penales que puedan aplicarse según la legislación vigente.
En la exposición de motivos, se destaca que esta reforma establece un criterio claro de calidad para todas las adquisiciones del sector público, en línea con el interés público y como medida confiable de la calidad de los productos y servicios adquiridos en el mercado. Además, se subraya que esta medida favorecerá el desarrollo económico al garantizar la adquisición de bienes y servicios de calidad por parte de las instituciones públicas.
Con estas modificaciones, se busca promover una gestión más eficiente y responsable en las adquisiciones del sector público, garantizando que se cumplan los estándares de calidad establecidos y brindando mayor certidumbre tanto a los proveedores como a los ciudadanos.
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