La Comisión de Justicia del Estado de San Luis Potosí está abordando una iniciativa que busca poner fin a la problemática relacionada con el pago de servicios públicos y privados en el arrendamiento de bienes inmuebles. Esta propuesta implica modificar disposiciones del Código Civil del estado para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrentan tanto arrendadores como arrendatarios en esta situación.
Actualmente, uno de los problemas comunes en el arrendamiento de bienes inmuebles radica en el pago puntual de servicios como agua potable, teléfono, energía eléctrica y cuotas de mantenimiento, entre otros. A menudo, los contratos de arrendamiento pueden estipular que tanto el arrendador como el arrendatario sean responsables de estos pagos, lo que puede dar lugar a conflictos cuando una de las partes incumple con sus obligaciones.
En particular, cuando el arrendatario no cumple con el pago puntual de los servicios básicos, esto puede generar intereses moratorios y una deuda acumulada que afecta tanto al propietario como al inquilino. Esta situación puede llegar a ser incontrolable, perjudicando la estabilidad económica de ambas partes.
Para abordar esta problemática, se propone enmiendas a la legislación que clarifiquen las obligaciones del arrendatario, incluyendo el pago puntual de los servicios públicos y privados, así como otras obligaciones accesorias vinculadas al arrendamiento. Además, se establecen causas claras por las cuales el arrendador puede exigir la rescisión del contrato, como el incumplimiento en el pago de servicios por más de dos meses.
Estas modificaciones buscan garantizar un marco legal claro y equitativo para ambas partes en los contratos de arrendamiento, promoviendo así una relación más justa y transparente entre arrendadores y arrendatarios en San Luis Potosí. La Comisión de Justicia continuará analizando esta iniciativa con el objetivo de encontrar soluciones efectivas que beneficien a la comunidad en su conjunto.
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