Ante el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí se ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado con el objetivo de crear la figura de Directores Responsables de Obra Temporales. Esta propuesta, que actualmente se encuentra en análisis en las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y de Gobernación, busca introducir modificaciones significativas en la regulación de las obras de construcción en el estado.
La iniciativa propone que los Directores Responsables de Obra (DRO) puedan designar, de manera exclusiva para la realización de una obra específica, a un Director Responsable de Obra Temporal, quien deberá demostrar su profesionalismo en el ámbito de la edificación. Este nuevo cargo estará sujeto a los mismos derechos y obligaciones que los DRO establecidos, tanto en lo que respecta a la obra encomendada como a las responsabilidades derivadas de sus acciones, ya sea en el ámbito civil o penal.
En el esquema propuesto, el nombramiento de los DRO Temporales se formalizaría mediante la notificación correspondiente al municipio, ya que son los Ayuntamientos quienes regulan las actividades de los DRO. Además, se establece que en caso de incumplimiento de la normativa o conductas que generen responsabilidad civil o penal por parte del Director Responsable de Obra temporal, el DRO que lo haya designado será solidariamente responsable.
La propuesta surge como respuesta a las demandas de un sector ciudadano y tiene como objetivo mejorar las condiciones en las que se llevan a cabo las obras de construcción en el estado, asegurando el cumplimiento de la ley y agilizando el proceso de regulación para adaptarse al crecimiento urbano que experimenta San Luis Potosí. Con la creación de esta nueva figura, se busca garantizar las mejores oportunidades para que los ciudadanos continúen invirtiendo en el desarrollo del estado.
La iniciativa refleja el compromiso de las autoridades por promover un desarrollo urbano ordenado y seguro, en el cual se privilegie el cumplimiento de las normativas vigentes y se protejan los intereses de la comunidad en su conjunto.
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