Diputadas del grupo parlamentario de Morena y el diputado sin partido Pedro Carrizalez Becerra en el Congreso del Estado, respaldaron una iniciativa de reforma ciudadana que busca que en San Luis Potosí a través de una reforma Constitucional Estatal, se reconozcan los derechos de la naturaleza y cada uno de sus componentes, vinculando en esta responsabilidad a las instituciones políticas, públicas y sociales para la búsqueda del interés público.
En rueda de prensa en la que estuvieron presentes las diputadas Marite Hernández Correa, Rosa Zúñiga Luna y Angélica Mendoza Camacho y Karen Mendoza Pérez (una de las promotoras de la iniciativa), se explicó
que el objetivo de esta iniciativa es que ante esta crisis ambiental que vivimos y que afecta a todos como seres vivos, se tiene la necesidad de crear esta Ley sobre Derechos de la Naturaleza, rompiendo el paradigma en el sentido de que la naturaleza deje de verse como un sujeto a explotarse.
La diputada Marite Hernández Correa, destacó que el ser humano como componente de la naturaleza puede beneficiarse de esta, sin embargo, debe hacerlo de manera racional para no comprometer la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Con este propósito, el Estado debe fomentar y fortalecer buenas prácticas.
Además, se señaló que se plantea que “todos los daños causados a la naturaleza y a sus componentes, ya sea en su conjunto o de manera individual, deberán ser mitigados, remediados y restaurados por las personas físicas, morales, o bien, autoridades responsables de estos”.
Además, dijo que se plantea que cada componente que integra a la naturaleza, en su carácter individual o colectivo, será sujeto de aquellos derechos que se reconozcan en esta Constitución. “En este tenor, es deber fundamental del Estado y de sus habitantes, garantizar el respeto, protección y conservación de la naturaleza y de sus componentes. En consecuencia, el Estado promoverá el progreso social y económico basado en la observancia de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza”, agregó.
Dijo que de aprobarse dicha iniciativa, las autoridades estatales y municipales deberán respetar y hacer respetar tanto dichas garantías, como los derechos humanos, conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y ordinarias respectivas, así como los tratados internacionales de la materia. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza, en los términos que establezca la ley.
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