Los diputados Juan Francisco Aguilar Hernández, Edmundo Torrescano Medina y Rubén Guajardo Barrera, coincidieron en que la seguridad pública debe ser una prioridad para los gobiernos de todos los niveles y que no debe haber pretextos de ninguna índole para entregar resultados a los ciudadanos.
El legislador Juan Francisco Aguilar manifestó que “es un tema en el que las autoridades están demostrando que no hay coordinación, porque las políticas públicas lamentablemente no son eficaces y no es que lo digan los opositores sino que los números hablan por sí solos”.
Dijo que la protección del Estado mexicano a los periodistas y los activistas no se da con eficacia, ya que son dos sectores agredidos y amenazados con frecuencia, de tal manera que el número de víctimas incrementa; “a los ciudadanos lo que nos interesa es que resuelvan los problemas, no que se quejen”.
Por su parte el diputado Edmundo Torrescano Medina se refirió a la postura del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en el sentido de que, San Luis es un peligro para su estado porque los delincuentes potosinos invaden su estado y dijo que “mejor debería poner el ejemplo de cómo se hacen las cosas, y reconocer que la estrategia federal ha fallado”.
Resaltó que la falta de coordinación entre los diversos ámbitos de gobierno, refleja una falta de atención para resolver uno de los principales problemas que enfrentan los mexicanos y que se traduce en tráfico y consumo de drogas, homicidios dolosos y falta de atención en situaciones muy serias que expresan diversos tipos de violencia.
El legislador Rubén Guajardo Barrera expuso que el señalamiento que se ha hecho desde el Gobierno Federal en el sentido de que la fiscalías estatales no cumplen su responsabilidad, tiene que ser analizado en cada caso, ya que por ejemplo en San Luis Potosí, la Fiscalía no tiene el personal suficiente para cumplir su función.
Aunque se le aumentó el presupuesto en 60 millones de pesos siguen las limitaciones para el desempeño de diversas funciones, por lo que es necesario hacer eficiente el gasto; en el nuevo sistema de justicia penal hay alternativas de conciliación, lo que puede despresurizar la carga de trabajo.
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