El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con la finalidad de someter a consulta indígena el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas.
Reconocerlo, es también hacerlo con el carácter político de su autonomía, su identidad y su capacidad política colectiva. Al darles ese peso y valor a las comunidades indígenas en tanto colectividades políticas, es admitir su enorme valor y aporte en la construcción de acuerdos políticos, culturales y sociales que definen los rasgos de la forma de organización política del Estado.
Dijo que la consulta a pueblos y comunidades indígenas es un gesto de inclusión del Estado mexicano que hace más legítimas las decisiones, planeaciones y políticas públicas que se diseñan, orientan y dirigen a la atención de pueblos y comunidades indígenas. Su objetivo consiste en obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para llevar a cabo programas y proyectos que afectan a la comunidad.
“Sobre todo, considerando que los problemas de justicia tienen una connotación, naturaleza y dinámica muy particular en el caso de pueblos y comunidades indígenas. En nuestro estado, están registradas 400 comunidades y mil 345 localidades indígenas, en una población de casi 3 millones de habitantes. Esto quiere decir que cerca de 660 mil 262 personas se consideran indígenas, y que de ellas 167 mil 520 hablan una lengua originaria”, informó.
Por esas razones, se considera de tanta relevancia que el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada que habrá de atender los asuntos relacionados con pueblos y comunidades indígenas en el estado, sea sometido a consulta y de esa manera una decisión de gran trascendencia social sea investida de legitimidad de origen, lo cual fortalecerá aún más su legitimidad de ejercicio.
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