El diputado René Oyarvide Ibarra ha presentado una iniciativa ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí para reformar los artículos 230 y 231 del Capítulo VI del Código Penal Estatal, con el propósito de aumentar las penas relacionadas con el delito de extorsión.
El delito de extorsión, definido como el acto de intimidar a otro para obtener un beneficio económico, sería objeto de sanciones más severas bajo esta propuesta. Actualmente, la pena establecida va de cuatro a diez años de prisión, con una multa de cuatrocientos a mil días del valor de la unidad de medida y actualización. La iniciativa busca elevar estas penas a un rango de diez a quince años de prisión, con una multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.
Además, se propone aumentar las penas cuando el delito de extorsión involucre el uso de medios de comunicación como teléfono, correo electrónico u otros medios electrónicos, así como cuando se utilicen imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo con fines extorsivos.
Se contempla que si el delito de extorsión es perpetrado por miembros o exmiembros de corporaciones policíacas, servidores públicos, trabajadores de instituciones bancarias, tiendas departamentales, empresas de telecomunicaciones u otros empleados que tengan acceso a información confidencial de clientes, las penas se agravarían aún más.
La iniciativa ha sido enviada a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior discusión en el Congreso del Estado. Con esta propuesta, se busca fortalecer el marco legal para combatir la extorsión y proteger a la ciudadanía de este tipo de delitos.
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