PROPONEN AMPLIAR OBLIGACIONES DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA PARA MEJORAR PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

Se ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí con el fin de ampliar las obligaciones y responsabilidades de los Directores Responsables de Obra (DRO) que se desempeñan en obras particulares. Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la certeza jurídica, la supervisión y la protección del patrimonio inmobiliario de la ciudadanía.

La iniciativa, turnada por la Directiva a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, reconoce la importancia de regular las construcciones privadas para garantizar su seguridad y apego a las regulaciones. En este sentido, los Directores Responsables de Obra (DRO) desempeñan un papel fundamental como profesionales auxiliares de la administración municipal, siendo responsables de supervisar que las obras cumplan con lo establecido por la ley y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

A pesar de los controles legales existentes, en la práctica se han expresado numerosas quejas por parte de la ciudadanía respecto al desempeño de los DRO en obras particulares. Se ha observado que en ocasiones estos profesionales están ausentes o distanciados de sus labores de supervisión, lo que puede comprometer la calidad de la obra y generar incertidumbre jurídica.

Para abordar estas preocupaciones, la iniciativa propone ampliar las responsabilidades de los DRO, así como los requisitos para su registro por parte de los municipios. Se busca también reforzar la supervisión de la obra y garantizar la calidad de los materiales utilizados. Además, se pretende ampliar las causales por las cuales los municipios pueden negar el registro o refrendo a los DRO, incluyendo casos de sentencias ejecutorias relacionadas con violaciones al desarrollo urbano y la comprobación de responsabilidad en la utilización de materiales de menor calidad.

En resumen, esta propuesta de reforma busca fortalecer la legislación para promover la actuación óptima de los Directores Responsables de Obra y garantizar la protección del patrimonio inmobiliario de la ciudadanía.