Jue. Oct 3rd, 2024

PROPONE LEGISLADORA DEL PRD, QUE LOS CONSEJEROS DE LA JUDICATURA, NO PERMANEZCAN MÁS DE 5 AÑOS EN EL CARGO

La diputada María Isabel González Tovar, presentó una iniciativa para reformar los párrafos séptimo y décimo segundo del artículo 90 y agregar un nuevo párrafo este como cuarto al artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con el propósito de establecer que los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no permanezcan en el cargo más de cinco años.

Expuso que para lograr el objetivo se requiere de armonizar la Constitución Política del Estado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues señaló que “en nuestro sistema federal, las entidades que forman parte de la federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia; sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la Armonización Normativa.

La legisladora, María Isabel González Tovar, indicó que la iniciativa de reforma propone en su Artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que “El Consejo se integrará con cuatro miembros, de los cuales, uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien también lo será del Consejo; uno designado por el Congreso del Estado; otro por el Supremo Tribunal de Justicia; y uno más, por el titular del Ejecutivo”.

Además, los designados por éstos dos últimos, serán ratificados por el Congreso del Estado, de conformidad con el procedimiento señalado en la parte aplicable del artículo 96 de esta Constitución. Para su integración se observará el principio de paridad de género.

En lo que se refiere al Artículo 92, se propone que “Salvo lo dispuesto por la legislación en materia financiera y presupuestaria federal y estatal, el presupuesto del Poder Judicial, no podrá ser inferior al ejercido el año inmediato anterior, actualizado con base en la cifra de inflación señalada en los criterios generales de política económica para el ejercicio que se está presupuestando”. La iniciativa fue turnada ala Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación.

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