El presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional, Jaime Chalita Zarur, pidió frenar todo intento de recorte presupuestal para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el cual podría llegar al 75 por ciento del total de recursos que recibe.
“En la Coparmex lamentamos que dependencias como la CEAV atraviesen una situación donde se invisibilice a las víctimas de delitos; por lo que hacemos un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar el recorte presupuestal”, señaló el empresario potosino.
Puntualizó que desde la Confederación se ha presentado un decálogo de acciones por la inclusión e igualdad de las empresarias dentro de su organigrama.
“Como organismo empresarial afianzaremos con hechos la participación igualitaria de hombres y mujeres al interior de nuestro sindicato, pero también impulsaremos a nuestras empresas socias a adoptar las acciones afirmativas con las que nos hemos comprometido”, aseveró el dirigente empresarial.
Jaime Chalita Zarur considera que es urgente fortalecer la red de apoyo con la que cuentan las mujeres por lo que se deben de reincorporar los subsidios directos a los refugios de mujeres violentadas y sus hijos, a las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.
“La CEAV no debería de estar sujeto a estos recortes ya que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto de Austeridad. A pesar de ello, y de algunas declaraciones del funcionario público Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, la CEAV no ha sido informada de que se detendrá la reducción del gasto corriente por 139 millones de pesos”, sostuvo el presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional.
El dirigente empresarial potosino precisó que la estructura de la CEAV resulta muy vulnerable a los recortes presupuestales al gasto operativo, ya que se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, y la mayoría de los servicios son subcontratados, así como dos terceras partes del personal es eventual o de contratación “outsorcing”, por lo que, 230 funcionarios están en riesgo de perder su trabajo.
“Todo esto sucede en el contexto de que las mujeres están enfrentando un ambiente más violento a consecuencia del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Según la Red Nacional de Refugios se reportó un incremento del 80 por ciento en atención a través de líneas telefónicas y redes sociales entre el 17 de marzo y 17 de mayo. Así mismo, la Red ha recibido 50 por ciento de más solicitudes de ingreso a Refugio durante este periodo”, detalló.
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