La encargada de Despacho, Edith Muñoz, detectó cerca de 3 mil expedientes jurídicos rezagados, al tomar posesión del cargo.
Actualmente, la ASE trabaja en la substanciación y promoción de las medidas disciplinarias correspondientes, a los presuntos responsables.
El organismo fiscalizador solicita confianza a la ciudadanía en la revisión de Cuentas Públicas; irregularidades serán tratadas bajo el debido proceso, y en apego a las leyes de la materia.
La encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, informó que al tomar posesión, detectó un rezago cercano a los 3 mil expedientes jurídicos, resultado de una deficiente gestión por parte de los titulares que la antecedieron.
En función de ello, el organismo fiscalizador trabaja en la substanciación y promoción de las medidas disciplinarias que conforme a derecho, corresponden a los exfuncionarios públicos que no solventaron las observaciones detectadas. Lo anterior, bajo la encomienda de abatir la demora en la emisión de resoluciones de fiscalización.
Edith Muñoz exhortó a los exfuncionarios públicos que ya han sido notificados de la emisión de acciones como resultado de responsabilidades detectadas, a que acudan para dar cumplimiento a las determinaciones correspondientes, en el entendido de que el organismo fiscalizador mantiene la obligación de atender los principios de legalidad, prosecución del interés público, igualdad, confiabilidad, imparcialidad, eficacia y buena fe, en todos los procesos que lleva a cabo.
Asimismo, la encargada de Despacho reiteró a los servidores públicos en funciones, que la ASE continúa brindando asistencia y acompañamiento en los temas relativos a la revisión de los recursos públicos tanto municipales como estatales, que sin duda redundará en una eficiente rendición de cuentas. Por esta razón, insiste en invitarlos a que se acerquen a la institución, ante cualquier duda que pudieran tener en el desempeño de sus atribuciones.
Finalmente, Muñoz Gutiérrez se dirigió a la ciudadanía para solicitar su confianza en los resultados de la revisión a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2021 y por ello, en caso de detectar inconsistencias, en la determinación de responsabilidades administrativas y la promoción de sanciones aplicables.
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