La próxima semana del 19 al 23 de abril, acudirán a la sede de la Auditoría Superior del Estado los 58 presidentes municipales y 47 titulares de organismos descentralizados, que incluyen 22 sistemas DIF, 22 operadores de agua potable, dos institutos de vivienda y uno de planeación; esto con el fin de ser notificados de manera formal, sobre el inicio de las auditorías a las Cuentas Públicas 2020 en el orden municipal.
Por lo anterior, la ASE está recibiendo ya el requerimiento de información adicional a los documentos que integran las Cuentas Públicas, en virtud de que es necesaria para cumplir a cabalidad los objetivos de las auditorías respectivas. Se trata de un procedimiento de fiscalización previo a la firma de actas de inicio, que se practica equitativamente no solo en los municipios y sus organismos descentralizados, sino en la totalidad de los entes fiscalizables.
Hasta el momento, todos los ayuntamientos han mostrado voluntad respecto a la entrega de la información solicitada.
La ASE no podrá examinar los recursos del Ramo 33, al quedar como facultad exclusiva de la ASF; escenario que ha obligado a la ASE a ampliar sus muestras de auditoría e incluso a planear una revisión de casi el 100 por ciento en otros fondos, además de extender sus análisis a la disciplina financiera, con el objetivo de conservar la calidad de su labor fiscalizadora.
La Auditoría Superior del Estado, a través de su titular, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, aclara que esta circunstancia es ajena a intereses políticos relacionados con el proceso electoral que actualmente se vive en el Estado, además de que a los 58 ayuntamientos se les revisa con base en los mismos criterios, “más bien se trata de ofrecer mejores resultados de auditoría y con ello abonar a la rendición de cuentas y transparencia de los entes obligados”, concluyó.
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