La diputada Vianey Montes Colunga indicó que se estará trabajando en impulsar reformas a la Ley de Turismo del Estado para detonar el potencial con que cuenta San Luis Potosí, y establecer alternativas para reactivar esta actividad de forma segura, luego de la situación que se vive actualmente por la emergencia sanitaria por COVID-19.
Precisó que en días pasados sostuvo diversas reuniones con integrantes de diversas cámaras empresariales de la zona media, para buscar alternativas de impulso al turismo en esta zona, como es el manantial de la media luna y la integración de turismo gastronómico.
«El turismo sigue siendo uno de los sectores más afectados, he buscado acercamiento con la zona media comenzamos con Rioverde y Ciudad Fernández, con CANIRAC y los hoteleros para buscar de qué manera ciudadana impulsar los atractivos turísticos de la zona Media, no solo el manantial de la Media Luna, sino el turismo gastronómico poco conocido, estamos trabajando a la par de esa iniciativa y revisando la Ley de Turismo que creemos que se queda corta para el potencial de San Luis Potosí».
Añadió que si bien la gente quiere ya empezar a salir, es necesario primeramente que existan las condiciones para el cuidado de la salud, «y precisamente la iniciativa que presenté trata de eso que en el futuro se prevea y que si llegamos a tener alguna otra contingencia, que tengamos siempre las condiciones para que el turismo no se vea afectado de esa manera porque no solo afecta a las personas que viven de él, sino a toda la economía regional».
Reconoció que el turismo es uno de los pilares más importantes de la economía en nuestro Estado, debido a la diversidad natural y cultural que poseen nuestras cuatro regiones, y que ha dejado grandes beneficios en general, pues tanto el sector comercial como el hotelero, se han visto favorecidos por la derrama económica que ha representado la visita de un gran número de turistas, premisa que se acredita conforme a datos del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2020, pues actividades como el comercio, hospedaje, arrendamiento, transporte y almacenamiento, representan poco más del 31% del PIB estatal.
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