Con el propósito de establecer penas más elevadas a quien cometa conductas dolosas de ataques a la integridad y discriminación en contra del personal médico en un contexto de emergencia sanitaria, el diputado Eugenio Govea Arcos, presentó una iniciativa de reforma y adición al Código Penal para el Estado de San Luis Potosí.
A pesar de la entrega y el compromiso ante la contingencia sanitaria, el riesgo de agresiones a trabajadoras y trabajadores de la salud que atienden la pandemia de COVID-19, los lleva a extremar precauciones extras cuando salen a la calle para ir o regresar de sus labores; ya que se han reportado en algunos Estados de la República casos de agresiones, actos discriminatorios y ataques contra su integridad. Lo anterior motivado por el desconocimiento de algunas personas que piensan que ellas y ellos son portadores del coronavirus y pueden propagar un contagio.
Ante tal situación el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ha emitido boletines correspondientes a efecto de evitar actos de estigmatización, discriminatorios o de violencia contra el personal médico que atiende la emergencia actual.
Es importante subrayar que médicos, enfermeras, y personal de limpieza tienen un protocolo ya definido de cuidados ante la propagación de la pandemia, mismo que ha sido establecido por la Secretaría de Salud Federal.
Actualmente el Código Penal del Estado establece en su artículo 277 que, quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público se le aplicará de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a trecientas unidades de medida de actualización.
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