Los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad de 26 votos a favor, en Sesión Ordinaria la reforma a los artículos, 6° en su fracción XXXIV, 46, 284 en su párrafo primero, y 286 en su párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para modificar el inicio del proceso electoral a más tardar el treinta de septiembre del año anterior al del año inmediato anterior al de la elección.
Así, queda establecido en su artículo 6° que el proceso electoral es “la fase temporal que comienza con la primera sesión del Consejo, convocada a más tardar el treinta de septiembre del año inmediato anterior al de la elección, de conformidad con el artículo 284 de la presente Ley, y que concluye con la declaración de validez de las elecciones que emita el Consejo o, en su caso, la última resolución que emita el Tribunal Electoral del Estado, y comprende el conjunto de decisiones de éste, así como los actos, tareas y actividades que realicen los organismos electorales del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, dentro de este término”
Así también por mayoría de 20 votos a favor, 3 abstenciones y 4 votos en contra, se desechó por improcedente iniciativa que buscaba modificar estipulaciones de los artículos, 148, 149, y 150, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Y modificar disposiciones de los artículos, 57, 57 Bis, 58, 58 Bis, y 58 Ter, de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, que proponía descriminalizar la decisión de interrumpir el embarazo, así como establecer disposiciones sanitarias para realizar esta práctica de manera libre y segura.
También por improcedente, fue desechada por mayoría de 20 votos a favor, 3 abstenciones y 4 votos en contra, la iniciativa que promovía reformar el artículo 16; y adicionar dos párrafos al artículo 12, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, por el que buscaba reconocer a las mujeres el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo en un término máximo de doce semanas de gestación. El Estado garantizará el acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer de forma responsable y segura sus derechos sexuales y reproductivos.
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