Diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, condenaron los hechos del pasado viernes el recinto legislativo y exigieron a la Fiscalía General del Estado que acredite la responsabilidad de quienes causaron daños y atentaron contra la Bandera Nacional y el busto de Ponciano Arriaga.
Advirtieron que litigarán el caso para que no haya impunidad, recurriendo las decisiones del juez de dejar libres a los detenidos al tiempo de reiterar su respeto y respaldo a la libre manifestación de las ideas, a la protesta pública y al reclamo social, pero siempre en el marco de la ley y el Estado de Derecho.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora Beatriz Benavente Rodríguez señaló que “el tema es triste y lamentable, porque duele ver como unos pocos pueden poner un estado de cabeza, humillar a un poder que no recae en nosotros los legisladores, sino en la institución que representa que trasciende a los hombre y mujeres que hoy estamos aquí y lo que realmente vale son los ideales y el contrapeso que representa”.
El presidente de la Directiva diputado Martín Juárez Córdova, expuso: “lapidar puertas, ventanas y vitrales, quemar vehículos y llegar al extremo de allanar un edificio, para destruirlo y quemar lo que encontraron a su paso, sin respetar símbolos tan importantes como nuestra bandera nacional, ya es una acción de otra naturaleza y no debe ser considerada como una mera expresión de inconformidad o reclamo de justicia, por hechos sucedidos en otra parte y ejecutados por policías, no por diputados”.
“Eso debe investigarse a fondo, y así lo exige este Congreso, no debemos dar pie a que la violencia sea práctica política y que ni los nuestros ni los extraños, impulsen acciones de fuerza para conseguir que triunfen sus intereses”.
“Hoy hay acusaciones de que se detuvo a inocentes, de que los participantes en los hechos o eran curiosos o iban de manera pacífica, que fue un grupo de infiltrados los que provocaron el caos e hicieron los destrozos. Muchas evidencias hay en grabaciones y fotografías que pueden servir para aclarar las cosas, que se haga el esclarecimiento sin titubeos y que quienes aparezcan involucrados, sean sujetos a proceso y sancionados, pues si bien es cierto, que todos tenemos derecho a la protesta, también tenemos la obligación de no violentar la ley, como se hizo, y debemos tener valor civil para aceptar nuestras responsabilidades”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Rolando Hervert Lara también se pronunció y dijo: “debemos todos de exigir al Fiscal del Estado, que se aplique en el proceso complementario de la investigación, de tal forma que los delitos cometidos sean correctamente acreditados y en su momento, sancionados conforme a derecho”.
Hoy hay que recordar las palabras del ilustre Licenciado Ponciano Arriaga Leija, “Los derechos del hombre deben ser escuchados y reconocidos en el templo de las leyes y formar parte de la constitución del pueblo.”
Por el Grupo Parlamentario del PRD la diputada María Isabel González Tovar expuso: “nos han vapuleado, pisoteado e incendiaron nuestra Bandera, pues las mentes perversas utilizaron a jóvenes para causar daños. A las autoridades les preocupa mas sacar frases como que se usaron tácticas policiales para no llegar en el momento de los hechos por lo que exigimos investigaciones y acciones a fondo”.
El legislador José Antonio Zapata Meraz del PAN expuso que se trató de un vandalismo irracional sin precedente, pues fueron actos bestiales contra una institución que es de todos los potosinos, hechos impunes porque los responsables están en libertad. Las instituciones de seguridad y justicia son exhibidas por su inacción pues si no llegaron a la Plaza de Armas a tiempo, ¿qué pueden esperar quienes viven en colonias alejadas?
El diputado Oscar Vera Fábregat, del Partido Conciencia Popular sugirió que el caso se litigue y que el juez que dejó en libertad a los detenidos sea sometido a juicio político, “tenemos videos, pruebas y podemos recurrir su decisión”.
La legisladoras Laura Patricia Silva Celis y Sonia Mendoza Díaz se sumaron al posicionamiento de sus compañeros mientras el diputado Edgardo Hernández Contreras expuso que el Estado de Derecho no se cumple y criticó que las autoridades aseguren que no intervinieron por “estrategia de riesgos”, cuando quienes toman las decisiones estaban en Palacio de Gobierno.
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