La Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura local de San Luis Potosí ha aprobado un dictamen de iniciativa que busca modificar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente el artículo 17, para garantizar que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no puedan ocupar el cargo si tienen antecedentes penales, son deudores alimentarios o enfrentan acusaciones de violencia contra la mujer.
Esta iniciativa, que ahora será turnada al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación, tiene como objetivo principal homologar la implementación de medidas que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las mujeres, tal como se establece en el apartado 3 de 3 contra la violencia.
Durante la sesión de trabajo, los diputados analizaron y discutieron esta propuesta, justificando su necesidad debido al alarmante incremento de la violencia contra las mujeres en México. Reconocieron que, lamentablemente, en algunas ocasiones esta violencia ha sido perpetrada por funcionarios públicos, lo que deteriora la confianza en las instituciones encargadas de combatirla.
Entre los requisitos propuestos para los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se encuentran tener ciudadanía potosina, residir en el estado por al menos dos años, contar con experiencia en materias relacionadas con la gestión pública y la transparencia, poseer un título profesional con antigüedad mínima de diez años, y presentar las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal.
Además, se establece que no podrán formar parte del Comité aquellas personas que tengan sentencias condenatorias por delitos relacionados con la violencia familiar o de género, así como aquellos que estén registrados en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, a menos que demuestren haber pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.
Esta iniciativa representa un importante paso hacia adelante en la lucha contra la corrupción y la violencia de género en San Luis Potosí, al garantizar la integridad y la idoneidad de quienes ocupen cargos de responsabilidad en el ámbito público.
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