Se garantizará el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada: Dip. Bernarda Reyes Hernández
San Luis Potosí, S.L.P. – En una sesión de trabajo, las Comisiones unidas de Asuntos Indígenas; Derechos Humanos; Puntos Constitucionales; Desarrollo Territorial Sustentable; y Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobaron por mayoría y con modificaciones el dictamen de reforma a la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Entre los puntos destacados de la reforma se encuentra la inclusión de la participación con reconocimiento de equidad y género, así como la funcionalidad de la Secretaría Técnica y la consulta a comunidades y pueblos indígenas en caso de megaproyectos que puedan afectar su entorno ambiental y desarrollo económico.
La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, expuso que la reforma busca establecer mecanismos claros para consultar a los pueblos y comunidades indígenas y la población afromexicana. El objetivo es garantizar el derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
La reforma incluye que los programas de desarrollo urbano y de centros estratégicos de población consideren a las comunidades indígenas cuando sus territorios se vean afectados. También se regula el otorgamiento de concesiones y otros instrumentos jurídicos que impacten el uso y disfrute de tierras, biodiversidad y recursos naturales.
Se propone que el Poder Ejecutivo coordine y financie la Entidad Normativa, un grupo técnico operativo encargado de supervisar el procedimiento de consulta. Además, se prevé que la Entidad Normativa esté integrada por el Instituto de Desarrollo Humano y Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Comisión de Asuntos Indígenas del Legislativo, la Comisión de Justicia de Pueblos Originarios del Judicial y el Ayuntamiento correspondiente.
La iniciativa también aboga por fortalecer el diálogo intercultural y la relación entre el Estado, los pueblos y comunidades indígenas, la población afromexicana y la sociedad en general. El dictamen será turnado al pleno del Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación.
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