Una iniciativa que propone reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con el objetivo de garantizar el derecho de petición ante las autoridades del estado para la ciudadanía potosina.
La propuesta busca adicionar una nueva fracción IV al artículo 26 de la Constitución Política del Estado, donde se establecería como prerrogativa ciudadana «ejercer el derecho de petición ante las autoridades en el estado, y de recibir una respuesta a dicha solicitud, misma que deberá formularse por escrito, estar fundamentada y realizarse en breve término».
Aunque la Carta Magna de la República ya garantiza estas prerrogativas de manera general para todos los ciudadanos del país, su inclusión en la Constitución local busca cristalizar de forma expresa este derecho para los ciudadanos del estado, estableciendo así obligaciones concretas para las autoridades locales en cuanto a los derechos y la forma de responder a las peticiones.
En relación con la resolución que las autoridades consultadas deben emitir para los ciudadanos, se propone extender la disposición Constitucional para establecer la obligación de fundamentar la respuesta, lo que impulsaría al menos un análisis de las peticiones.
Históricamente y desde una perspectiva de gobernanza, el derecho de petición debe ser contemplado en su justa dimensión y su ejercicio fomentado no solo a nivel federal, sino también en el ámbito estatal y municipal. Este es el objetivo de la iniciativa de Ley, que busca concretar un precepto Constitucional en beneficio de los habitantes del estado.
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