Las diputadas y los diputados que integran la LXIII Legislatura del Congreso del Estado presentaron su Informe de Actividades del Congreso del Estado, Primer Año Legislativo, 14 septiembre 2021–13 septiembre 2022, presentado por la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva.
La legisladora destacó el compromiso de las diputadas y los diputados por trabajar de manera conjunta para impulsar acciones legislativas que sean de beneficio para la sociedad; así como la colaboración institucional con los poderes Ejecutivo y Judicial, a quienes reconoció a través de sus titulares, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, su apoyo a trabajo del Poder Legislativo.
“La divisa de esta Legislatura es el trabajo cercano, al lado de la gente, ejemplo de ello son las consultas realizadas, que se han plasmado en mejores y más humanizadas normas estatales; en cuanto a las gestiones realizadas, son el reflejo de la búsqueda de opciones que aportaron a las respuestas que fueron cuestionamientos y necesidades demandadas en su momento”.
En su intervención, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció el trabajo realizado por las legisladoras y los legisladores, fuera de partidos y de colores, ya que el compromiso es impulsar acciones a favor de San Luis Potosí.
“Nos une algo más fuerte que compartimos, el amor profundo a San Luis Potosí, hemos vencido el dominio de los intereses personales o de grupos que antes se imponían sobre las mayorías, hemos vencido a esa herencia maldita que hundió al estado en una etapa profunda de atraso y corrupción y tenemos más coincidencias que diferencias, y como Gobernador respeto la división de poderes y cada uno desde su ámbito, pero debemos trabajar para contribuir y reconstruir el nuevo San Luis Potosí”
Destacó las reformas aprobadas para la creación de la Guardia Civil y para la gratuidad de las placas y licencias para beneficio de la sociedad potosina, y reiteró que se mantendrá coordinación, dialogo y acuerdos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo se mantendrá para impulsar acciones de justicia y desarrollo a favor de San Luis Potosí.
En este Primer Año de Legislativo, fueron aprobadas cuatro nuevas leyes:
Ley de Asistencia Social: Que se realizó mediante una amplia consulta, a las personas con discapacidad de cada municipio, donde se recibieron 3308 propuestas encaminadas a mayor bienestar y atención a sus necesidades.
Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas: Para dar certeza legal y apoyar a familias potosinas que sufren por la ausencia y desaparición de sus seres queridos.
Ley de Juntas de Participación Ciudadana: Para empoderar a la ciudadanía en su derecho a la participación, para que las juntas sean ahora intermediarias entre las demandas de los habitantes y los ayuntamientos, con la facultad de establecer acuerdos y convenios.
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: Establece los aspectos sustantivos como la organización, gobierno interno, el desarrollo actual de sus actividades académicas, investigación, extensión y difusión de la cultura, de la Máxima Casa del Estudios del Estado.
Se realizaron importantes reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, entre las que destacan: la reforma al artículo 88 para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Civil, para alcanzar una mayor prevención y combate al delito en San Luis Potosí; salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Asimismo, se aprobó dictamen para que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias en el caso de los delitos ambientales; y las relacionadas a incrementar las sanciones pecuniarias y privativas para inhibir la comisión del delito de maltrato animal.
A la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo a las órdenes de protección; la Ley del Instituto de las Mujeres, para incorporar la participación de las dependencias y entidades que integran el gabinete económico, en la Junta Directiva del instituto.
En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para estipular el derecho a las personas de las personas a presentar denuncias cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos; y para obligar a la ASE a publicar en el Periódico Oficial del Estado, el Programa Anual de Auditorías; con ello se garantiza a la ciudadanía el derecho al acceso y conocimiento oportuno de dicho instrumento.
En la Ley de Coordinación Fiscal, para armonizarla en aspectos como la temporalidad de la entrega de recursos y la equidad en la distribución de las Participaciones Federales a los Municipios; y a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios para establecer con claridad como sujetos de la Ley, a las personas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada, órganos desconcentrados y Centro de Conciliación Laboral.
En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aprobó la reforma para que las políticas y los recursos públicos se deben ejecutar de manera transversal; es decir, los presupuestos deben ser con perspectiva de derechos humanos; a la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer el plazo de prescripción de las faltas de particulares, de siete años al igual que las faltas graves, con lo cual se brinda certidumbre jurídica para evitar el riesgo de interpretaciones arbitrarias; y al Código Procesal Administrativo en materia de notificaciones.
Mediante más de 100 puntos de acuerdo esta soberanía desde la más alta tribuna siempre alzó la voz para gestionar y buscar la solución ante diversas autoridades, a situaciones en materia de salud, agua, educación, seguridad pública, y protección al medio ambiente, entre otros.
admin