Los datos son parte del último Informe del Estado de Solventación de Observaciones de las Entidades Fiscalizadas, disponible en la página oficial de la ASE, que comprende los meses de octubre 2021 a marzo 2022.
Los procedimientos incluyen a exfuncionarios públicos de 21 municipios, 4 sistemas municipales DIF, 3 organismos operadores de agua, 1 instituto municipal de vivienda y 1 organismo autónomo.
En relación con las acciones que la Auditoría Superior del Estado debe emitir como resultado de la fiscalización a las Cuentas Públicas de los entes auditados, la encargada de Despacho del organismo fiscalizador, contadora Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, manifestó que existe un rezago en los procedimientos administrativos de responsabilidad sancionatoria, que se viene arrastrando de administraciones anteriores al frente de la ASE.
Lo anterior, debido a que no se procuró el tratamiento puntual que establece la Ley, motivo por el cual en el “Informe sobre el Estado de Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas” correspondiente al segundo período que comprende los meses de octubre de 2021 a marzo de 2022, únicamente se hace referencia a que concluyeron 30 expedientes relativos a los ejercicios que a continuación se detallan:
El 3% a 2009, 7% a 2010, 60% a 2011, 23% a 2012 y 7% a 2016, que incluyen a exfuncionarios públicos de 21 municipios, 4 sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 3 organismos operadores de agua, 1 instituto municipal de vivienda y 1 organismo autónomo.
Edith Muñoz puntualizó que es importante resolver de manera definitiva todos los expedientes debido a que existen procesos de ejercicios anteriores, por lo que su trámite debe ser resuelto bajo los términos de la anterior Ley de Auditoría Superior del Estado, pues los resultados de las funciones de fiscalización aplicada a las Cuentas Públicas del ejercicio 2016 y anteriores, atañen a las disposiciones de tal ley.
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